El titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj, presentó ante la Justicia una denuncia penal “para determinar las responsabilidades en el otorgamiento de subsidios no reintegrables a comunidades y/o grupos autoidentificados como organizaciones indígenas”. Entre los apuntados se encuentran las organizaciones mapuches designadas como “terroristas” por el gobierno de Javier Milei. En la documentación presentada por el funcionario constan las dos auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Allí se destaca que gran parte de los 1.200 millones de pesos fueron girados por los gobiernos kirchneristas. Esos montos, que solo a una comunidad fueron de 7 millones de pesos, no fueron rendidos. Tampoco se realizaron controles por parte de las autoridades nacionales y se utilizó para abonar honorarios de abogados que los defendían en las causas judiciales por tomas de tierras y hasta incendios en predios y fincas.
“Desde el 10 de diciembre de 2023 se han tomado distintas medidas que tienden a lograr una mayor eficacia y eficiencia en la gestión del Estado Nacional”, recuerda el funcionario en su presentación de seis fojas, y remarca que dentro de ese marco ordenó “un exhaustivo relevamiento de los programas y acciones ejecutivas de este organismo descentralizado”.
Graves irregularidades
Fue allí cuando se detectaron las graves irregularidades en el Programa de Fortalecimiento Comunitario, creado en 2003 por la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
Avruj no da nombres propios en la denuncia penal. Espera que los jueces lo hagan, pero apunta a los responsables del INAI durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.
Las dos auditorías de la SIGEN revelaron graves irregularidades en millonarios subsidios girados a comunidades mapuches que usurpan tierras.
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